El próximo domingo día 25, Andalucía se enfrenta a una jornada transcendental para su futuro al encontrarse inmersa en una grave crisis económica que no es más que el reflejo de una grave crisis política e institucional, que es necesario analizar para conocimiento y toma de decisión de los andaluces que votarán en este día.
Analicemos todo ello con un esquema de identificación de los síntomas, diagnóstico de las causas, tratamiento de los problemas y credibilidad de políticos y programas para dirigir la solución y salida de la situación.
Identificación de síntomas:
• Esta situación de Andalucía presenta una cara de grave crisis económica que no es más que el reflejo de una grave crisis política e institucional. Crisis política derivada de 30 años de gobiernos sucesivos del mismo partido político PSOE, que ha hecho que la Administración y que la propia institución de la Junta de Andalucía haya ido degenerando en un sistema turbio, mastodóntico y politizado, destino profesional de generaciones de políticos sin otro oficio que su carrera de partido y en las instituciones, y que ha consumado no solo los más ignominiosos saqueos a través de una extendida red de corrupción sino que además han empobrecido y han desprestigiado a toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Crisis institucional nacional derivada de la evidente insostenibilidad del actual modelo autonómico, lleno de redundancias y duplicidades en sus normativas y sistemas de gestión y de desbordadas estructuras políticas llenas de cargos políticos y de organismos e instituciones plenamente prescindibles que no solo generan un gasto superfluo e innecesario sino que además generan normas, procedimientos y trabas que complican el funcionamiento de la sociedad y la hacen cada vez menos eficaz y competitiva.
• Así la grave crisis económica de Andalucía tiene unos exponentes escalofriantes poniendo a la comunidad autónoma a la cabeza de los peores indicadores económicos y sociales; destaquemos el paro como el mayor drama económico y social con el mayor índice de España de más de 30% de su población activa y de cerca del 50% en su población joven; mas de 1.200.000 andaluces en edad de trabajar están en paro mientras la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE mantiene una estructura institucional y una administración pública paralela redundante que consume un volumen ingente de recursos y que los detrae de su utilización en la economía productiva que debería pagar debidamente a proveedores y abordar inversiones productivas. Citamos también el fracaso de la política educativa de Andalucía que ostenta en mayor índice de fracaso escolar de España y de Europa y los peores índices en asimilación y capacidad lectora de los estudiantes.
Diagnóstico de las causas
• Políticas porque la Junta de Andalucía se ha dimensionado de manera desmedida sin una condición clara de servicio público eficaz a los ciudadanos sino como destino laboral a los políticos profesionales de partido y como laboratorio de pruebas sociales y de ocurrencias políticas inventando organismos e instituciones inútiles, caras e ineficientes, agujeros negros de recursos económicos y causa del crecimiento de la administración y de empleados públicos.
• Políticas por el enfoque clientelar del gobierno, orientando sus acciones a través de las ayudas y subvenciones a toda posible actuación, ocurrencia o simplemente a personas a quien mantener afín y servil al régimen; así proliferan indiscriminadamente subvenciones a sindicatos, asociaciones de empresarios, entidades públicas y privadas de todo tipo y condición, empresas y particulares de todo tipo y condición.
• Políticas de provocar o permitir toda una gestión sin control, mediante la consolidación de una administración paralela sin intervención del gasto, favoreciendo y facilitando el derroche, el despilfarro y la corrupción, destruyendo tejido productivo empresarial a quien se ha quitado su actividad que ha asumido la administración paralela, y dejando ocioso a gran parte del funcionariado.
• Esta errónea política de la Junta de Andalucía ha generado una enorme Administración y sector público ineficaz e improductivo y costoso, un gasto en recursos orientados a la subvención clientelar ineficaz e improductiva y una superestructura política central y provincializada con una gestión politizada poco técnica y profesional y por consiguiente costosa y poco eficiente y eficaz.
• En definitiva la Junta de Andalucía sirve actualmente para sostener al partido del gobierno y no para servir a los ciudadanos andaluces y por eso es más necesario que nunca un cambio político profundo en las próximas elecciones.
• Pero también existe como hemos dicho un grave problema institucional; las competencias se dividen, es decir se fragmentan en 17 ámbitos territoriales e institucionales diferentes, cada uno de los cuales desarrolla su propio diseño organizativo, normativo, institucional, funcional y operativo, con sistemas independientes e incompatibles entre sí con una duplicidad de normativas y una redundancia en costes y sobre todo con una incompatibilidad de sistemas que impiden la unidad de mercado y la igualdad de servicios de los ciudadanos entre las diversas comunidades y sobre todo un derroche y sobrecoste insostenible. Por eso es necesario integrar políticas, funciones, competencias y sistemas para dar un servicio igual en calidad y prestaciones y más eficaz y eficiente y más económico.
Tratamiento de la situación
• A la vista de los problemas y sus causas se determinan claramente las acciones a desarrollar para reducir la crisis institucional y política.
• Hay que orientar las grandes competencias de educación, sanidad y justicia, así como la de gestión de recursos naturales como el agua, hacia una política común y una misma normativa o legislación, y a unas estructuras similares y sistemas únicos y procedimientos iguales en todo el territorio nacional, buscando equiparar los niveles de los servicios, los costes de la gestión y así reducir los gastos y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Gestionemos en Andalucía pero con eficacia y dando un servicio a los andaluces como al conjunto de los españoles.
• Hay que orientar a que el gobierno de España simplifique la legislación laboral hacia un tipo de contrato indefinido único, al igual a que unifique la legislación básica de amplios sectores económicos de España, promoviendo la unidad de mercado y la unificación de normas, procedimientos y sistemas de gestión, generando una mayor eficacia y eficiencia de la economía.
• Hay que reducir la estructura política de la Junta de Andalucía, tanto en su gobierno reduciendo el número de Consejerías, como en sus Secretarias Generales y Direcciones generales, como en su estructura provincial de Delegaciones Provinciales, abogando por una administración profesional y no politizada.
• Hay que reducir la Administración y el Sector público. Derogar la Ley de reordenación del sector público, recuperar la funcionalidad y responsabilidad de los funcionarios y derivar a la contratación externa de todo lo que no requiere el ejercicio de potestad administrativa, reforzando el sector privado empresarial, mejorando la eficacia y eficiencia del servicio y del gasto público. Eliminar la administración paralela por su labor intermediaria prescindible y perturbadora de la libre empresa y del control del gasto público.
• Hay que eliminar organismos e instituciones accesorias, inútiles o claramente prescindibles que únicamente responden a excesos de despilfarro y derroche y cobijo de políticos y fuente de ocurrencias o experimentos políticos o sociales que no nos podemos permitir. Cámaras de cuentas, Agencias Tributarias, Policía Autonómica, Consejo de la Competencia, Consejo audiovisual, Consejos de Dirección de Canal Sur, etc., etc.
• Hay que reducir al mínimo la política de subvenciones y ayudas, eliminando la política clientelar perturbadora de la actividad económica eficiente, y recuperando recursos económicos.
• Hay que destinar el máximo de recursos económicos disponibles a saldar las deudas pendientes con proveedores y empresarios, y orientando el gasto hacia la inversión productiva, generadora de riqueza y empleo y que mejoran la productividad y competitividad de la economía en la comunidad.
• Hay que priorizar todo el gasto público posible hacía la creación de riqueza útil y generadora de competitividad, productividad y empleo.
Elegir a quien dirija la salida de la crisis en Andalucía
• Y ahora toca identificar al partido político que mejor puede encarnar las condiciones para llevar a cabo esta gran reformar y reorientación de la política económica.
• En primer lugar parece evidente que no podemos confiar en el PSOE, que es el partido que ha sido el responsable máximo de la situación actual y cuyas servidumbres y ceguera política inhabilita para corregir la situación y el rumbo de la situación en Andalucía.
• Tampoco parece que IU sea posible solución a la situación pues su política se orienta precisamente a aumentar el gasto, la dimensión del sector público y de la administración, y al control y dirección de la actividad económica en todo lo posible, ahogando la iniciativa privada y la acción de los emprendedores y empresas, subiendo impuestos y ahogando la actividad económica aún más.
• Tampoco parece que la orientación nacionalista que conduce al aislacionismo pueda salvar a Andalucía de su situación. El ideario nacionalista basado en que Andalucía y los andaluces somos distintos, diferentes y por ello depositarios de derechos y virtudes que nos permiten exigir privilegios al resto de España, buscando por la vía del privilegio el salvar nuestras limitaciones y déficits, buscando como ejemplo, una Caja de Ahorros Autonómica con la que justificar una vez más la inversión politizada e ineficiente, y medidas en esta dirección, no conseguirán más que ahondar en el retraso y empobrecimiento de Andalucía.
• Y el PP tampoco ofrece garantías de los cambios necesarios que necesita Andalucía. El PP no solo mantiene un discurso diferente en función de la Comunidad en la que lo realiza sino que además no asume la crisis institucional existente y por tanto no prevé desarrollar ninguna iniciativa en dicha dirección. El PP considera correcta la situación redundante y dispersa del ejercicio de competencias que están en la raíz de la ruptura de la unidad de mercado y de la igualdad de derechos y servicios entre los españoles, por lo que no parece que vaya a atajar el fondo del problema que nos aqueja.
Ante este panorama surge una nueva alternativa, UPyD, que verdaderamente representa la renovación política posible para Andalucía y por tanto de cabeza del cambio para el resto de España promoviendo un nuevo esquema institucional de España, sin servidumbres políticas, con ideas claras y eficaces.
UPyD es el cambio y es la esperanza de una verdadera transformación del sistema político autonómico y nacional, promoviendo la igualdad de derechos, prestaciones y servicios entre todos los españoles y por tanto elevando la situación de Andalucía a la media nacional.
Sevilla, 19 de Marzo de 2012








